La Ley Orgánica n.º 1/2026, de 18 de mayo, por la que se modifica la Ley n.º 37/81, de 3 de octubre, conocida como Ley de Nacionalidad, entró en vigor el 19 de mayo de 2026.
Esta norma jurídica ha endurecido los requisitos para acceder a la nacionalidad portuguesa, reforzando los requisitos de residencia legal, integración, seguridad, vínculo efectivo con la comunidad nacional y capacidad de subsistencia.
A modo de nota previa, cabe señalar que esta ley contiene una disposición transitoria que establece que los procedimientos administrativos pendientes en la fecha de su entrada en vigor seguirán rigiéndose por la redacción anterior de la Ley de Nacionalidad. Esto significa que los trámites ya en curso no se verán afectados por las nuevas modificaciones y que estas solo se aplicarán a las nuevas solicitudes de nacionalidad.
Las modificaciones aprobadas afectan a los distintos regímenes de adquisición y concesión de la nacionalidad portuguesa, así como a las diferentes categorías de solicitantes a las que se aplican, entre las que destacan las siguientes como modificaciones más relevantes:
Nacionalidad de origen de las personas nacidas en Portugal, hijos de extranjeros – a partir de ahora se exigirá una declaración de voluntad y que uno de los progenitores haya residido legalmente en territorio portugués durante al menos cinco años en el momento del nacimiento.
Concesión de la nacionalidad a los nietos portugueses – los solicitantes deberán ahora superar una prueba obligatoria de lengua y cultura portuguesas y demostrar que poseen conocimientos sobre los derechos y deberes fundamentales y la organización política del Estado portugués, así como su adhesión a los principios fundamentales del Estado de derecho democrático.
Quedan excluidos los candidatos que no cumplan los requisitos legalmente exigidos, en particular en lo que se refiere a condenas penales relevantes, peligro o amenaza para la seguridad o la defensa nacional, o sujeción a medidas restrictivas de la ONU o de la Unión Europea.
Régimen de naturalización – ahora se exigen siete años de residencia legal para los nacionales de países cuyo idioma oficial sea el portugués y para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, y diez años para los nacionales de otros países. También se endurecen los requisitos materiales, en concreto, el conocimiento de la lengua y la cultura portuguesas, de la historia y los símbolos nacionales, de los derechos y deberes fundamentales, de la organización política del Estado, la declaración solemne de adhesión a los principios fundamentales del Estado de derecho democrático y la capacidad para garantizar su propio sustento.
Nuevo régimen para los apátridas – se permite la naturalización de quienes residan legalmente en Portugal desde hace al menos cuatro años y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras c) a h), en particular demostrar que conocen la lengua y la cultura portuguesas, la historia y los símbolos nacionales, conocer los derechos y deberes fundamentales inherentes a la nacionalidad y no haber sido condenado a una pena de prisión efectiva superior a tres años, entre otros.
Derogación del régimen especial de naturalización de los descendientes de judíos sefardíes portugueses.
La suma de los períodos de residencia legal deberá producirse en un plazo máximo de seis, nueve o doce años, dependiendo de si se trata de apátridas, ciudadanos de países de lengua oficial portuguesa y de la Unión Europea, o ciudadanos de otros países.
Adquisición de la nacionalidad por matrimonio o unión de hecho – Se mantiene la posibilidad de adquisición por parte de extranjeros casados desde hace más de tres años con un ciudadano portugués o que convivan en pareja desde hace más de tres años con un ciudadano portugués, exigiéndose ahora expresamente que no se den situaciones como condenas penales especialmente relevantes, peligro o amenaza para la seguridad y la defensa nacionales, ni que estén sujetos a medidas restrictivas de la ONU o de la Unión Europea.
Oposición a la adquisición de la nacionalidad – la inexistencia de vínculos efectivos se evalúa ahora a la luz de nuevos criterios sustantivos, como los requisitos de integración, seguridad, medidas restrictivas y capacidad de subsistencia. El plazo para que la Fiscalía presente una oposición pasa a ser de dos años a partir de la fecha de registro de la adquisición de la nacionalidad.
Régimen de consolidación de la nacionalidad – se mantiene la norma de los diez años de titularidad de buena fe, pudiendo producirse la consolidación incluso si el acto que dio lugar a la atribución o adquisición fuera susceptible de ser declarado nulo por vía administrativa o judicial. Sin embargo, dicha consolidación no es posible cuando la nacionalidad se haya obtenido de forma fraudulenta, salvaguardando la nacionalidad obtenida por terceros de buena fe.
Estas y otras modificaciones tendrán un impacto directo en el seguimiento de los trámites de nacionalidad, lo que hace aún más importante realizar un análisis minucioso de cada situación concreta, en particular en lo que respecta a la fecha de presentación de las solicitudes, la existencia de procedimientos pendientes y los nuevos requisitos aplicables.