«Los Estados y los bancos tradicionales tendrán que adaptarse a estos nuevos medios de pago y encontrar la forma de regular y llevar al ámbito del derecho una realidad que es inevitable»
Las monedas virtuales, comúnmente conocidas como criptodivisas, están a la orden del día y son posiblemente uno de los temas más debatidos en el mundo económico, junto con la inteligencia artificial. Este nuevo tipo de moneda crece al galope, con cientos de criptodivisas ya reconocidas, además de las más comunes bitcoin, litecoin y ethereum.
Bitcoin es una moneda virtual descentralizada cuya principal diferencia con el dinero tradicional es que no está emitida ni controlada por un banco central. Al utilizar la tecnología blockchain, bitcoin no está controlado por una base de datos central, lo que significa que la propiedad de las unidades monetarias es más segura. De hecho, en el estado actual de la técnica, la tecnología blockchain garantiza la fiabilidad de la información como ningún otro sistema de almacenamiento de datos, y éste será su aspecto verdaderamente revolucionario.
La creciente demanda de este tipo de moneda y el hecho de que la producción de bitcoin sea limitada explican su extraordinaria subida de precio. De ahí a su uso con fines puramente especulativos hubo un corto paso.
Es cierto que estas monedas no tienen un contravalor específico en oro, pero esa no es una característica exclusiva de las monedas virtuales, como ocurre con las tradicionales. Su naturaleza virtual tampoco será su principal característica definitoria, ya que la moneda convencional también es, la mayoría de las veces, una mera cifra. Y esto será cada vez más así, ya que en el futuro las transacciones en dinero físico serán cada vez más escasas.
El uso de criptomonedas presenta varias ventajas, a saber: i) la rapidez de las transacciones, que pueden realizarse en apenas unos minutos, lo que incide especialmente en las transferencias internacionales, que suelen tardar unos días laborables, ii) la seguridad de la información sobre las transacciones y la propiedad de las unidades monetarias y iii) los (todavía) bajos costes de transacción.
Por otro lado, otra de las ventajas del uso de criptodivisas es la privacidad de la que disfrutan los usuarios de esta moneda virtual, ya que sólo queda registrado el seudónimo del titular. Esta seudonimización garantiza la privacidad de los titulares, que ni siquiera necesitan registrarse con sus datos personales reales. Este aspecto, sin embargo, es el que suscitará más reservas por parte de los Estados respecto al uso de este medio de pago. De hecho, los Estados necesitan garantizar su seguridad nacional y, más que eso, quieren asegurarse ingresos a través de la recaudación de impuestos, por lo que se muestran reticentes a la difusión de estas monedas, al menos hasta que no estén debidamente reguladas. Hay que tener en cuenta que los titulares de las unidades monetarias virtuales tienen garantizada su propiedad mientras sean los únicos que conozcan la clave privada que define su titularidad.
Otra de las grandes ventajas de esta moneda virtual es que se trata de una moneda global, uniforme en todos los países del mundo y que puede ser utilizada indistintamente, sin estar sujeta a la burocracia de los distintos sistemas económicos y a la pérdida de valor asociada a la conversión de divisas.
Aunque se trata de una novedad atractiva desde el punto de vista económico y financiero, debido a las ventajas mencionadas anteriormente, existen algunas reservas sobre este nuevo modelo de pago con moneda virtual, que han sido objeto de debate.
Como cualquier otra moneda, el dinero virtual depende de la confianza. Por otra parte, su precio depende de la ley de la oferta y la demanda. En estos momentos de entusiasmo, el valor de la criptodivisa ha sido bastante volátil, lo que en última instancia se traduce en un mayor riesgo para los inversores. Además, el hecho de que aún no exista una regulación, así como mecanismos de protección ante posibles pérdidas o posibles fraudes, puede generar dudas entre los más escépticos.
Urge, por tanto, regular cuanto antes estos nuevos medios de pago, aunque la regulación se antoje difícil, ya que aún no se ha alcanzado la madurez necesaria, y ni siquiera existirá el consenso necesario en el seno de la comunidad internacional.
En este sentido, los organismos europeos, en particular la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están prestando gran atención a este nuevo medio de pago y han emitido varios comunicados en los últimos años con el objetivo de, por un lado, salvaguardar los intereses de sus usuarios y, por otro, proponer un marco jurídico para el concepto de criptodivisa.
Por ejemplo, la Sentencia 264/14 del TJUE sobre la exención del IVA de las operaciones de cambio de monedas tradicionales por bitcoin, o viceversa, establece que al ser el bitcoin un «medio de pago contractual, no puede considerarse una cuenta corriente, un depósito de fondos, un pago o una transferencia», no teniendo «otra finalidad que servir de medio de pago».
A nivel nacional, en enero de este año, la Autoridad Tributaria portuguesa emitió una Información Vinculante – Caso 5717/15 – sobre la fiscalidad de las criptodivisas, en respuesta a la solicitud de un contribuyente que preguntaba sobre el marco fiscal de los ingresos obtenidos por operaciones realizadas con bitcoin. En ese caso concreto, la Autoridad Tributaria dictaminó que las rentas generadas por el bitcoin no tributan, ni en el ámbito de las adiciones patrimoniales (categoría G) ni de las rentas de capital (categoría E), concluyendo que «la venta de criptodivisas no es imponible en el sistema tributario portugués» con la salvedad de que, en los casos en que, «por su carácter habitual, constituya una actividad profesional o empresarial del contribuyente», tributarían en la categoría B».
De esta forma, las ganancias por la venta de bitcoin no están sujetas a ningún tipo de tributación, salvo cuando la producción y venta de bitcoin sea la actividad profesional del contribuyente.
A pesar de la falta de una normativa específica, ya se están dando algunos pasos en la legislación de la UE para normalizar el concepto de moneda virtual. En este contexto, podemos mencionar la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo -por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE- que añade el punto 18 al artículo 3 de la Directiva, definiendo la moneda virtual. De este modo, se añade el punto 18 al artículo 3 de la Directiva, en el que se define la moneda virtual como «una representación digital de valor que no ha sido emitida por un banco central o una autoridad pública, ni está necesariamente vinculada a dinero fiduciario, pero que es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y puede transferirse, almacenarse o negociarse electrónicamente».
En medio de tanta volatilidad e incertidumbre, una conclusión parece segura: los Estados y los bancos tradicionales tendrán que adaptarse a estos nuevos medios de pago y encontrar la manera de regular y llevar al ámbito del Derecho una realidad que es inevitable. Para ello, tendrán que entender qué es lo que ha seducido a los agentes económicos para poder competir con este fenómeno, en el caso de los bancos, y combatir su uso ilícito o fraudulento, en el caso de los estados.